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De 26 años, la Policía la encontró tendida en el suelo con signos de violencia previos a la caída. Su agresor fue detenido y permanece en prisión. La joven ahorraba dinero para regresar a Sudamérica y reunirse con su niño.

Laura Elisabeth, paraguaya de 26 años y residente en Madrid, se presenta con otra chica en casa de Valentín, distrito de Barajas. Empieza una discusión. Gritos. Esta madre soltera se queda sola con el varón, de nacionalidad española, origen paraguayo, 57 años y divorciado. «¡Que me dejes! ¡Suéltame! ¡Auxilio!». Cuando llega la Policía, Laura Elisabeth está tirada en la calle. Valentín «la ha arrojado» por la ventana de su vivienda, un primer piso. «La cogió por las piernas y la lanzó de cabeza». Las maniobras de reanimación son inútiles, la joven fallece a los pocos minutos. Los médicos encuentran en el cadáver señales de violencia previas a su caída al vacío. En la casa, «todo revuelto».

De momento, la investigación no adscribe este caso al epígrafe «violencia de género» por no existir una relación sentimental entre ellos, a pesar de que la tesis es clara: Valentín -presuntamente- mató a Laura Elisabeth.

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Maltrato, abusos, violencia de género, acoso escolar– es una lacra en claro aumento.

Las denuncias por maltrato a menores en el ámbito familiar subieron en 2016 (último año estadístico completo) un 23,4%, y los abusos sexuales a niños y jóvenes registrados por las fuerzas de seguridad crecieron un 15,8%, mientras el concepto global de delitos violentos contra la infancia también se elevó un 4,4%, hasta los 37.495.

Estos datos, aportados ayer por Save the Children, coinciden con el final de 2017, en el que los homicidios de menores a manos de sus progenitores o de las parejas o exparejas de sus madres –muchas de ellas asesinadas– fueron ocho.

El problema fundamental, es que estas cifras no son más que la punta del iceberg de una violencia que, según los pocos estudios existentes, padecerían «en silencio» centenares de miles de niños y jóvenes.

Las razones de la «invisibilidad», cree la organización, son, además del miedo y la escasez de denuncias de las víctimas, y de la ocultación interesada en los ámbitos en se producen (familia y escuela, la mayoría), el fracaso en la prevención y detección por las instituciones y el entorno social, la inexistencia de registros oficiales, y «la falta de interés de los políticos».

Fuente: diaridetarragona
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El hombre ha sido detenido por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa

Una mujer de 65 años se encuentra herida muy grave tras haber sido golpeada en la cabeza en Estepona (Málaga), según han informado fuentes sanitarias y de la policía, que ya ha detenido a su pareja por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Un vecino ha alertado al 112 de que había una mujer sangrando por la cabeza en el balcón de una vivienda Al acceder al domicilio, la policía ha hallado a la mujer con una herida grave en la cabeza y a su presunto agresor, de 45 años y nacionalidad senegalesa. En la mesa del salón los agentes encontraron una olla de cocina impregnada de sangre, según un comunicado policial.

Los policías han detenido al hombre por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y le han intervenido algo más de mil euros y un billete de avión, ya que tenía previsto viajar mañana rumbo a Dakar.

Según las fuentes, no existían denuncias previas por maltrato. Los servicios sanitarios han trasladado a la mujer al Hospital Costa del Sol de Marbella, donde ha ingresado con una fractura craneal con hemorragia cerebral.


Fuente: EFE
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La mujer de 46 años asesinada la noche del viernes en su domicilio del municipio tinerfeño de Los Realejos se trata de la primera víctima mortal de violencia machista del 2018 en España.

La víctima había presentado una denuncia por violencia de género contra el presunto agresor el 8 de enero, que fue archivada, tras celebrarse un juicio rápido y ser catalogada como «de riesgo bajo» ya que constaba únicamente de agresiones verbales y no físicas. El día 17 de enero, la Policía Nacional se puso en contacto con la víctima para preguntar por su situación y si se habían repetido las agresiones, a lo que la víctima manifestó que estaba «tranquila».

El cadáver de la fallecida, que presentaba heridas de arma blanca infligidas presuntamente por su pareja, fue hallado por la Policía Local de Los Realejos, que se presentó en el domicilio alertada por vecinos que escucharon una pelea.

El presunto autor del crimen se encontraría muy grave tras sufrir un accidente de circulación cuando al parecer huía del domicilio conyugal. La mujer tenía 46 años y era de nacionalidad venezolana, mientras que su pareja tiene 68 años y es originario de Tenerife.

Fuente: ABC
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Desde la Plataforma contra la Violencia de Género 25 de Noviembre de Granada, queremos mostrar nuestra indignación ante el escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Granada contra Juana Rivas.

Dicho escrito, en el que se solicita para Juana la pena de prisión de 5 años y 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad, supone un paso más, y muy grave, en la situación de VIOLENCIA INSTITUCIONAL que vienen sufriendo ella y sus hijos. No sólo no se les protege como víctimas de violencia de género, sino que se les persigue hasta el extremo, ignorando su situación y sus derechos más elementales. Juana Rivas y sus hijos son un ejemplo vivo de la inconsistencia de un sistema que promete proteger a las víctimas, pero que una vez que ellas dan el paso, las cuestiona, incluso las criminaliza.

Por otra parte, desde la Plataforma 25N de Granada se denuncia que la petición fiscal de 5 años a Juana Rivas se suma al cúmulo de despropósitos que no han hecho más que revictimizar a esta mujer granadina. En este sentido, recuerda que tanto el Convenio de Estambul, nuestra legislación y el recientemente presentado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que un maltratador nunca es un buen padre y, por tanto, una justicia que se digne de serlo, deberá tenerlo en cuenta. Por ello, la Plataforma reclama a la Fiscalía especializada en Violencia de Género que retire inmediatamente este despropósito.

No estamos dispuestas a aceptar esta situación terriblemente injusta y anunciamos que vamos a luchar, junto a Juana, para que de una vez por todas, se cumplan los derechos de las víctimas de violencia de género, que con resoluciones como las de la fiscalía, se ven nuevamente pisoteados.

UNA JUSTICIA CIEGA, NO ES JUSTICIA
Granada, 12 de enero de 2018.

PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE GRANADA
25 DE NOVIEMBRE
plataforma25noviembre@gmail.com

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«Te voy a matar, si no eres para mí no eres para nadie. Sacó una navaja y empezó a darme cortes en el cuello». Así relata E., una joven de 23 años, el ataque que sufrió por parte de su expareja el día de Nochevieja.

Ella sólo pudo defenderse con un brazo, porque con el otro sostenía a su niño de dos años. Otro hijo menor más presenció la agresión. Ahora se encuentra en una casa de acogida, mientras su expareja ha ingresado en prisión por intento de homicidio y amenazas. Ocurrió en Pinos Puente (Granada).

La víctima y el agresor iniciaron una relación de pareja hace algo más de ocho años, cuando la mujer sólo contaba con 14 y a la que ella puso fin el pasado mes de octubre. Según su relato, no se trata de la primera agresión que sufre, aunque ninguna había llegado a ser tan agresiva como esta.

El detenido la siguió poco antes de las 23.30 horas del pasado 31 de diciembre cuando ella caminaba hacia su casa, en la que reside con los tres hijos de ambos.

La atacó y le propinó tres puñaladas en la nuca, la barbilla y la axila delante de dos de los menores. A ella le costó defenderse, porque temía que el bebé se cayera de su brazo. Consiguió refugiarse en casa y llamar al 112.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, en funciones de guardia, dictó el miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por intento de homicidio y por el delito de amenazas. La mujer ya ha recibido el alta médica.

Fuente: Público
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El padre de los menores, de nueve y diez años, debía haber entregado a los niños el pasado 30 de diciembre

Sonia Barea, madre de una niña de 10 años y un niño de nueve, ha denunciado la desaparición de ambos menores como un posible secuestro cometido por su expareja. El padre de los menores, que tiene una orden de alejamiento de la madre, con quien comparte la patria potestad, se llevó a los niños el pasado 23 de diciembre para pasar la primera parte de la Navidad. Debía haberlos entregado el 30 de diciembre, pero no lo hizo. Tras no presentarse con los dos menores, Violeta y Manuel, en el punto de encuentro acordado, Barea interpuso una denuncia por secuestro parental. Desde ese momento, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intentan localizar al progenitor.



Manuel Lebrón, según ha explicado la madre, es un hombre violento con numerosas denuncias y condenas. Según cuenta Sonia Barea, Lebrón ha sido expulsado de su trabajo de policía local de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira por su comportamiento y sobre él pesan órdenes de alejamiento “de mí, de compañeros de la policía local, de la policía nacional y de vecinos de Alcalá de Guadaira”. El último incidente, según relata el Diario de Sevilla, tuvo lugar el pasado 14 de diciembre, cuando estaba a punto de vulnerar una orden de alejamiento –“de una vecina de la ciudad”, cuenta Sonia Barea– y la policía lo encontró armado con un puño americano y un cuchillo.

Fuente: El País
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Han sido muchas las voces que pedían contabilizar a Diana Quer como víctima de violencia de género y finalmente será así. Hasta ahora sólo se ha considerado víctimas de esa violencia a parejas o exparejas del agresor.

El pacto se firmó en septiembre y con él, la definición de «violencia de género» se amplía. además de la violencia física, se recoge la psicológica y sexual, incluye las violaciones, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, los casos de acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto y la esterilización forzada.

Entre las medidas que incluye el pacto de Estado, también se contempla la entrada en vigor de la supresión como atenuante de la confesión de un agresor.